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Trabajadores de Oil arman cooperativa para quedarse con la empresa

11/04/2018

Se lo manifestaron al juez comercial que tramita el concurso de acreedores, y que podría decretar la quiebra de la firma de Cristóbal López.

Los interventores judiciales de Oil Combustibles se expidieron sobre la posibilidad de que la principal empresa de Cristóbal López avance hacia un proceso de salvataje, instancia conocida como cramdown. En un escrito al que accedió Clarín, presentado ante el juez que lleva el concurso preventivo, Javier Cosentino, plantearon que la quiebra se presenta como “un final inexorable”. Además, los trabajadores manifestaron al juez que quieren armar una Cooperativa de Trabajo y quedarse con Oil.

De una manera impredecible para Cristóbal López y Fabián De Sousa, Oil -el principal activo del Grupo Indalo- no sólo dejará de tener la envergadura de los últimos años, sino que en caso de evitar la quiebra, podría terminar ya no en manos de sus dueños originales, sino de los trabajadores.

Así lo informó Héctor Brizuela, trabajador de Oil e integrante de la Comisión de control en un escrito presentado ante el juez Cosentino y al que accedió el diario Clarín. En él manifiesta que junto a los trabajadores de la empresa petrolera, que emplea a unas 400 personas de forma directa, tienen la intención de constituir una “cooperativa de trabajo”.

Esta posibilidad está contemplada dentro del cramdown. “En nombre de los empleados a los que represento en el Comité de Control, solicito que se habilite la instancia de salvataje”, se expresó en el escrito, explicando que caso contrario, es decir ordenar la quiebra de la empresa que durante el gobierno de Cristina Fernández no pagó 8.000 millones de pesos del impuesto a los Combustibles, “tendría consecuencias nefastas para los trabajadores”.

En consecuencia, hace poco menos de un mes, los trabajadores informaron al juzgado “la decisión de constituir un Cooperativa de Trabajo”, que se encuentra “en proceso de confirmación”, y con la misma buscan hacerse cargo de Oil Combustibles.

La semana pasada los administradores de la firma petrolera, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, apelaron ante el juez Javier Cosentino que lleva el concurso preventivo de acreedores, a la figura del cramdown, que implica un freno a que los acreedores se queden con una empresa que no puede pagar sus deudas. Aunque esta figura no está contemplada para casos de supuesto fraude, los administradores buscan que el juez la acepte.

El organismo recaudador, en su carácter de integrante del comité de acreedores, opinó “que debe velar por el interés general de la masa y ante la disyuntiva expuesta, no se advierte otra opción que la quiebra directa”, expresa el escrito de dos páginas.

Para avanzar en el cramdown Oil renunció al período de exclusividad para que sus dueños aporten una solución. Ante la medida, los interventores judiciales señalaron ante el juez Cosentino que abrir el proceso de salvataje “sería solo dilatorio de un final inexorable”, es decir: la quiebra.

Se reiteró así el planteo de la AFIP, que como principal acreedor de Oil solicitó el decreto de quiebra “sin más trámite”, lo que “no hace más que confirmar la inutilidad del período de exclusividad anticipada por los suscriptos”.

Además plantearon que para avanzar con el salvataje, la empresa debe cumplir con una serie de requisitos que hoy no podría afrontar. Entre las medidas contempladas se encuentra la cancelación total de la deuda post concursal, que asciende a 1.500 millones de pesos, pago que Oil no podría afrontar. Esta suma corresponde al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que no se pagó en estos últimos meses a la AFIP.

El organismo recaudador ya fijó postura al respecto, y señaló que no otorgará ningún plan de facilidad de pago a la empresa de Cristóbal López frente a esta nueva deuda.

No es la única suma de dinero que rodea a Oil Combustibles: el fisco le reclama 19.000 millones de pesos a la petrolera, cifra que incluye la falta de pago del ITC pre y post concursal entre otros impuestos impagos. Además, 25 firmas del Grupo Indalo adeudan otros 1.900 millones.

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