El proyecto tiene amplio consenso en los sectores político y empresarial pero las provincias y las petroleras pretenden que haya modificaciones en el debate en el Congreso. Neuquén reclama peso para aprobar las inversiones.

En medio de la cruda interna política expuesta tras la derrota en las elecciones PASO, el gobierno nacional dio a conocer el proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones Hidrocarburíferas, y ahora se abre el juego al debate en el Congreso, en el que las provincias productoras buscarán introducir cambios, asegura La Mañana de Neuquén en su suplemento Más Energía.

El espíritu de la norma, así como sus ejes, cosechó un amplio consenso en el ámbito político, sindical y empresarial. Es considerada como una herramienta que generará previsibilidad y reglas de juego estables durante los próximos 20 años a los inversionistas, que genera condiciones de mayor competitividad al sector para atraer capitales.

Sin embargo, al analizar la letra chica, tanto las provincias de la OFEPHI como empresas productoras cuestionan aspectos de un proyecto complejo -de 115 artículos- sobre el cual se vislumbran intensos debates antes de que llegue a ser votado por los legisladores.

En primera instancia, en el gobierno neuquino valoran que el proyecto no afecta a la renta del negocio que le corresponde a la Provincia como las regalías y los impuestos provinciales. Sin embargo, la ley contempla la estabilidad fiscal por 20 años, lo que significa que los estados provinciales que adhieran no deberán modificar sus gravámenes para el sector durante ese lapso. Desde Neuquén no hay objeciones en ese aspecto porque las concesiones convencionales a 35 años que otorga en Vaca Muerta ya contemplan cláusulas de estabilidad fiscal.

Fuentes de la Gobernación indicaron a +e que uno de los puntos cuestionados es el rol que juegan las provincias en el “Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas”, que será el encargado de analizar, aprobar y realizar un seguimiento de los proyectos de inversión que accederán a beneficios tributarios como amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA, y la reducción de hasta 40% de los derechos de importación para bienes no producidos en el país.

El Artículo 41 del proyecto indica que ese órgano estará integrado por la Secretaría de Política Económica, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Energía. El proyecto establece que el Consejo tomará las decisiones “en consulta directa con las provincias que adhieran a la ley”. El gobierno neuquino considera que las provincias deben tener mayor peso en ese organismo y poder de decisión sobre los proyectos de inversión, porque afectarán a las concesiones que ya tienen compromisos asumidos por las compañías petroleras con activos en Vaca Muerta.

Otro punto que el gobierno neuquino intentará modificar en el trabajo parlamentario está relacionado con los requisitos que se establecen para que los proyectos en Vaca Muerta accedan a los beneficios impositivos y arancelarios. Como está redactada la ley, las compañías deben comprometer una inversión de al menos u$s 300 millones anuales durante un periodo de no menor a 5 años consecutivos, siempre y cuando el desembolso destinado a la etapa de piloto no sea inferior al 20% de la inversión total del proyecto. La Provincia está en contra de esa limitación, al considerar que los proyectos más competitivos y que mayor capital pueden atraer son los que ya están en etapa de desarrollo.

Otro aspecto clave de la ley que cuestionan tanto desde Provincia como desde el sector empresarial -sobre todo las productoras no integradas – el Artículo 11, que establece que las petroleras tendrán Autorizaciones de Exportación Garantizadas (AEG) por un 20% de su producción incremental, en tanto el restante 80% deberá ser ofrecido al mercado interno. Además se verán beneficias con la libre disponibilidad del 50% de las divisas que generen esas ventas de petróleo al exterior. Consideran que el incentivo “se queda corto” y que ese porcentaje de exportación garantizada debería ser mayor. El proyecto prevé que esa cuota crezca -hasta un 50%- a medida que aumente la producción de todas las compañías.

Pero el punto más crítico es el Artículo 8º, que define la línea base a la producción total de petróleo crudo por beneficiario que se tomará en cuenta para contabilizar ese volumen incremental. La línea se trazará entre el volumen máximo de los años 2019-2020 y los 12 meses transcurridos entre mayo de 2020 y abril de 2021 inclusive, según defina la Secretaría de Energía.

Hay quienes consideran que de esa forma se castiga a las empresas que invirtieron para aumentar la producción durante la segunda mitad de 2020, en plena pandemia, al poner la vara alta porque deberán producir mucho más para disponer de exportaciones garantizadas y libre disponibilidad sobre la mitad de las divisas generadas.

Por otro lado, Neuquén también pone la lupa en el Artículo 36, que establece que los titulares de una concesión de explotación de hidrocarburos de baja productividad que, a su vez, sean titulares de otras concesiones adyacentes podrán solicitar a las provincias la unificación de las áreas. Apuntan que ese aspecto entraría en conflicto la potestad de las provincias sobre el dominio de los recursos y sus facultades como poder concedente.

Misma opinión tienen con respecto al Artículo 90, que sustituye el artículo 97 de la Ley de Hidrocarburos 17.319, y que establece que la Secretaría de Energía de la Nación será autoridad de aplicación “respecto de los permisos de exploración, las concesiones de explotación, las concesiones de transporte y/o las concesiones de almacenamiento subterráneo que se otorguen respecto de las áreas hidrocarburíferas”. En el gobierno de Omar Gutiérrez creen que se artículo interfiere con las competencias originarias de la Provincia en materia de seguridad y control ambiental.

> Incentivos impositivos y disponibilidad de divisas

• Estabilidad fiscal. El proyecto de ley contiene un régimen general y otro para proyectos especiales, y garantiza la estabilidad fiscal para el sector durante 20 años. Las provincias deben adherir.
• Exportaciones y divisas. En materia de petróleo, el proyecto incluye como principal incentivo la garantía de exportar el 20% de la producción incremental sobre una “línea de base” de cada compañía.
• Beneficios tributarios. Se establecen beneficios como amortización acelerada del impuesto a las ganancias, devolución de IVA y reducción de derechos de importación para los bienes que no se produzcan en el país
• Proyectos especiales. Para los proyectos de importancia estratégica, se establece un “Régimen Especial de Promoción para Proyectos de Exploración, Producción, Industrialización, Almacenaje y/o Transporte de Hidrocarburos”.
• Ambiente. Se crea el Programa de Apoyo a la Sustentabilidad Energética, por el cual la empresa que presente un plan que contemple una mejora ambiental va a tener un porcentaje adicional de exportación garantizada y libre disponibilidad de divisas.

> ¿Qué dijeron los CEO?

> “Es una gran apuesta como Estado”

“Presentamos una ley donde todos fueron escuchados para que fuera conveniente y fructífera para el futuro”, aseguró el presidente Alberto Fernández. Destacó que el proyecto “tiene una ambición muy grande: que la Argentina exporte los excedentes, ingresen los dólares que hacen falta, y para eso hemos decidido dar certezas. Por eso prevé 20 años de previsibilidad en materia fiscal”. Subrayó que se trata de “una gran apuesta como Estado y como gobierno”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, comentó que “la energía es clave. Es parte de lo que nos ha generado en nuestra historia problemas de inestabilidad económica”. Adelantó que en el proyecto de presupuesto para 2022 incluye partidas para obras de trasporte de gas. Mientras que el secretario de Energía, Darío Martínez, puso en relieve que la iniciativa respeta “los derechos de las provincias en materia de propiedad de los recursos y tributaria”.