Un poco gracias a Vaca Muerta y otro tanto como consecuencia de la persistente recesión que mantiene planchado el abastecimiento externo de hidrocarburos, la Administración Macri se retirará este año con la balanza energética nacional empatada. Significa que el país ahorrará la sangría de US$2.300 millones de 2018, pero a la vez que todas las condiciones quedaron dadas para que en 2020 sean más las divisas que atraiga la energía que las que se vayan, como era en 2007. En ese punto de partida anida el meollo del nudo gordiano de la renta petrolera en disputa. El tradicional club de las principales petroleras radicadas en el país, que integran YPF, PAE, Total, Shell, Exxon, junto a las emergentes Pampa y Vista Oil, presionan para que el nuevo gobierno saque una ley que les asegure un diferencial cambiario e impositivo, y que no sea pesificada la cadena de valor.

Está a full el lobby de las empresas petroleras “para pagar menos impuestos” que denuncia el saliente secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, como propósito subyacente de la ley del blindaje para Vaca Muerta.

Hay varios proyectos dando vueltas. Por ejemplo, el que impulsa Guillermo Nielsen, cuya autoría cuenta con un guiño de Paolo Rocca y el neuquino Omar Gutiérrez. O el elaborado por el diputado nacional Sergio Massa, inspirado en los ‘imputs’ de Miguel Galuccio y Alejandro Bulgheroni.

En un evento a medida organizado por la revista Forbes Argentina -el primer Energy Oil & Gas Summit-, la flor y nata del sector se expidió en favor de la creación de un nuevo paradigma de exportación de hidrocarburos que empiece por la reconstrucción de la credibilidad, afectada por los cambios en las reglas pactadas originalmente que introdujo la propia Administración Macri.

Coincidieron el titular de Shell Argentina, Sean Rooney; el country manager de ExxonMobil, Daniel De Nigris; el vicepresidente de Operaciones Upstream de Pan American Energy, Juan Martín Bulgheroni; y el vicepresidente de Upstream de YPF, Pablo Bizzotto, en reclamar por el proyecto de legislación previamente consensuado con uno de los asesores directos del Presidente electo, Alberto Fernández, bajo la promesa de acarrear miles de millones de dólares en inversiones.

El ejecutivo de la compañía estadounidense Exxon planteó la condición sine qua non de frente march: “Previsibilidad de un marco regulatorio estable, la visibilidad de largo plazo de precios que tengan referencia de mercado y la posibilidad de libertad de los flujos de repatriación de dividendos a los inversores”, según enumeró.

El intento de marcarle la cancha al futuro Gobierno levantó polvareda en la interna del Frente para Todos: “La Argentina no establece las condiciones, y tiene que respetar las que utiliza el mercado internacional para ser competitivos y atraer las inversiones”, advirtió por un lado De Nigris, quien tomando la voz del “club” rechazó la idea de pesificar la cadena de valor.

En ese sentido, recordó que los Estados “tienen mecanismos que pueden amortiguar los vaivenes del tipo de cambio y de los precios de los commodities”.

El elenco estable de la Vaca Muerta posmacrista lo conforman YPF, Pan American Energy (PAE), ExxonMobil, Total, Shell, Pampa Energía, Pluspetrol, la neuquina Gas y Petróleo (GyP) y Vista Oil&Gas, entre las 18 que se encuentran explotando concesiones no convencionales.

La mayor parte de los nombres se repiten entre los principales que operaban durante el epílogo kirchnerista.

No están la china Sinopec, que había entrado al comprarle a la compañía estadounidense Occidental Petroleum, ni Petrobrás.  

La zanahoria que fundamenta la sanción de un régimen de excepcionalidad fiscal y libre disponibilidad de divisas a las petroleras cobra la forma de irresistibles pronósticos de balanza comercial energética: los US$1.476 millones actuales de facturación externa de petróleo más gas podrían saltar en el 2030 a US$16.854 millones, pero siempre que no fueran implementados precios límites.

Para ese caso, la consultora Analytica estimó que las divisas generadas se desinflarán a unos mucho más modestos US$6.114 millones.

Fue a partir de ese punto en el que Bulgheroni directamente planteó que “producir para exportar tiene que ser el paradigma de la industria en la Argentina”.

La Universidad Nacional de Avellaneda trazó un inventario del modelo energético que concluyó con el mandato de Macri.

Había sido fundamentado en 2015 en una herencia recibida de la gestión de CFK:

– una muy baja inversión en Vaca Muerta,

– partidas de US$19.000 millones destinadas a mantener las tarifas bajas,

– el retroceso en la producción de petróleo y gas y

– la acumulación de un enorme rojo comercial energético.

Todo esto sazonado con continuos apagones todos los veranos.

La Administración Macri, con el ex Shell, Juan José Aranguren, como timonel energético, llevó al mercado local a parecerse más al internacional en sus regulaciones.

Así, Vaca Muerta volvió a estar en el radar de los inversores hasta las elecciones primarias de agosto, por más que el gobierno cambiara las reglas de juego debido al estrangulamiento de divisas.

Sin embargo, en el informe correspondiente a este año que elaboró la kirchnerista UNDAV, queda al desnudo que el reparto de los costos de la crisis cambiaria desatada a mitad del año pasado perjudicó a YPF, que soportó el peor retroceso en los ingresos (-179%), mientras los mayores beneficios los obtuvieron las privadas TGN, (+1.475%); Pampa Energía (1.437%) y Edenor (1.372%).

Gracias a la política de estímulos a extraer el shale o no convencional, las petroleras se mudaron desde los pozos tradicionales, lo cual redundó en una mejora en la producción de los nuevos en desmedro de los antiguos, si bien el resultado final neto determinó una caída generalizada en la producción entre 2015 y 2018; de -13,2% en oil, del -5,3% en la electricidad, y -2,8% en gas.

La demanda interna en recesión liberó los diezmados volúmenes excedentes para la exportación (fundamentalmente en el caso del gas) y cajoneó el inicio de inversiones en infraestructura de transporte, que deberían oscilar entre los US$6 mil y 8600 millones en la próxima década.

Por ejemplo, TGS mandó a marzo la licitación del gasoducto.

Si bien la el modelo energético de la Administración Macri no se reflejó en un salto productivo acorde con las expectativas que despertaron las prometidas inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, según los números de la UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda): PAE, de la familia Bulgheroni, facturó entre 2016 y 2018: US$1.338 millones (¿cuál será el margen neto?).

Luego vino TGN (US$1.096 millones), compartida por Techint y el amigo del alma presidencial Nicolás Caputo, ahora en retirada, y la otra gran beneficiada fue Pampa Energía (US$761 millones), cuya conducción ejerce otro empresario muy cercano al gobierno que llegue, Marcelo Mindlin.

Vivita y coleando

En plena transición del recambio de gobierno, los jugadores de Vaca Muerta la mantienen vivita y coleando, y aunque en menores volúmenes, tanto a las arcas de las compañías como la tesorería de la provincia de Neuquén reciben el tarro de  leche mientras esperan que se la consolide como la gran vedette de la cuenta corriente de la balanza de pagos, capaz de ahorrar divisas en importaciones de gas tanto y, a la vez, de generarlas por exportaciones de petróleo.

 En principio ya ocupa el centro de la escena en cualesquiera de los planes de la futura Administración del Frente de Todos, y no hay hipótesis en torno de las opciones de política económica y de estrategias para con la deuda externa que no transiten por la estepa neuquina.

Las grandes compañías del sector aprovechan la transición para volver a la carga  por la reanudación de las subas de tarifas, congeladas durante este 2! semestre con fines electorales.

El Poder Ejecutivo había sextuplicado el precio pagado por la demanda (de US$6 por Mwh, una unidad de medida del sector, a US$39) para los usuarios residenciales. Y también se lo había cuatriplicado a los comercios (de US$10 a US$ 42), con un alza del 50% para industrias (de US$43 a US$62).

La cuestión es que las devaluaciones se ensañaron con las estructuras de costos, lo cual se tradujo en que el dólar oficial, que había estado por debajo de los $10 en 2015, este año no baja de los $45 para esas transacciones.

La Administración Macri toca retirada con la convicción de haber ordenado el funcionamiento de los servicios públicos y también de otorgar “libre mercado” a los combustibles.

Aunque las tarifas se atrasaron desde abril, los subsidios se disminuyeron en un 70% y serán menores a US$6.000 millones en 2019.

Se alcanzará este año un equilibrio comercial ya que importación y exportación estarán parejas, y hasta por primera vez se habrá vendido al exterior gas licuado (GNL).

El congelamiento preelectoral dejó pendiente un aumento no inferior al 30% en las facturas de luz y gas, pero en definitiva los subsidios se redujeron en los últimos 4 años: en 2015, la electricidad que se cobraba en Buenos Aires no alcanzaba ni para cubrir el 3% de una factura media del servicio, pero ahora abarca casi 60% del costo.

 Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav, basado en la información que las propias firmas presentaron en la Comisión Nacional de Valores, hace hincapié en que los tarifazos acumularon alrededor de 2.200% en el caso del gas y superaron el 3.000% en el de la luz. Paralelamente, se liberalizó el precio de los combustibles.

“Desde 2016, el énfasis en materia de energía estaba puesto en recomponer las tasas de rentabilidad de las empresas del sector y así impulsar los niveles de inversión y producción para lo cual se recurrió a la dolarización de las tarifas de la energía”, explicó la Undav.

Pero remarcó que, como contracara, esto golpeó el poder adquisitivo de los hogares e implicó un aumento de los costos para las empresas industriales, agropecuarias y de servicios, lo cual significó “un combo letal para la actividad”.

El resultado fue un alza promedio del 995% en 3 años de los ingresos por ventas de las energéticas privadas, mientras la inflación acumuló 157% -según publica Urgente 24-.